El incendio de neumáticos de Castrillo sigue sin culpables cuatro años después

La justicia aún no se ha pronunciado sobre el supuesto delito ecológico ni sobre la responsabilidad del dueño de la finca y de la Junta, que figuran como imputados

Los vecinos de Castrillo de la Ribera saben que la justicia es lenta, pero temen que se haya atascado definitivamente en el caso del incendio de medio millón de neumáticos que se produjo el 22 de diciembre del 2005 como una agria lotería de Navidad. Ya han transcurrido cinco años y aún no hay respuesta sobre el supuesto delito ecológico que se produjo ni sobre las responsabilidades que deben afrontar tanto el propietario de la finca de 11.000 metros cuadrados donde se acumulaban sin control las ruedas, altamente contaminantes, como de la Junta de Castilla y León, encargada de velar por el medio ambiente. Ambos están imputados tras entender los jueces que el Ayuntamiento de Villaturiel es parte afectada en lugar de responsable.

El incendio del vertedero ilegal de Castrillo se ha convertido en todo un símbolo de la ineficacia burocrática y judicial. El fuego se apoderó del depósito y puso en riesgo a la población a pesar de las múltiples advertencias, de las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de Villaturiel durante seis años y de las múltiples sanciones de la Junta al propietario por amontonar de forma irregular miles de neumáticos usados.

El médico del municipio elaboró un informe que atestigua que, al menos, doce vecinos de la zona sufrieron picores en los ojos, irritación de garganta y cefaleas relacionadas con las partículas y el humo que generó el incendio, cuya columna negra se elevó más de treinta metros de altura y pudo ser divisada desde La Bañeza. Sin embargo, poco ha avanzado el juzgado número 3, el tribunal competente en el caso por decisión de la Audiencia Provincial. El dueño del alcacén de neumáticos tiene abiertos, además, varios expedientes sancionadores de la Junta, denuncias del Seprona, de Medio Ambiente y de la Seguridad Social. Villaturiel le negó sistemáticamente la licencia de obras.

Además, debería hacer frente al gasto que supuso la extinción del incendio y la limpieza del solar, así como de las acequias de agua que se rompieron para sofocar el fuego. Hasta ahora, sólo ha pagado la Junta.

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